Señor Presidente:

Mi delegación se une a la declaración del distinguido Representante Permanente de Sudáfrica, en nombre de un grupo de Estados Partes.

En nuestro carácter nacional, deseamos manifestar algunas consideraciones adicionales.

La Corte Penal Internacional es, sin duda, el logro más importante de la Justicia Internacional. Nace de la voluntad de la comunidad internacional de poner  fin a la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad, y de brindar justicia a sus víctimas. Su esencia y principal fortaleza radican en la jurisdicción erga omnes, principio elemental para poder hablar de justicia.

Porque ese anhelo es global, el mundo requiere que no haya ningún Estado donde exista espacio para la impunidad.

En este sentido, Costa Rica celebra el acceso de Palestina al Estatuto de Roma, que lleva el número de Estados Partes a 123, y reitera la necesidad de continuar impulsando la ratificación del Estatuto hasta alcanzar su universalidad.

Costa Rica también celebra la adopción de la presente resolución por consenso. Sin embargo, mi delegación esperaba un proceso transparente e inclusivo que permitiera una verdadera negociación del texto de la resolución. Eso, evidentemente, no sucedió, y mi delegación lo lamenta profundamente.

Señor Presidente.

El acuerdo de relación entre la Corte y las Naciones Unidas surge como respuesta a la resolución 58/79 de la Asamblea General de diciembre del 2003, adoptada por consenso, donde se insta a que se concierte dicho acuerdo. Sin embargo la  instrumentalización  del contenido del mismo tiene muchos pendientes urgentes.

Costa Rica desea aprovechar esta oportunidad para mencionar algunos de los temas que considera deben incluirse en la resolución por su importancia  y vigencia:

  El Estatuto  prevé que las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, refiera a la Corte Penal Internacional aquellos casos en que se hayan cometido  crímenes atroces en Estados no Partes.

Esta potestad debe ser asumida con la mayor responsabilidad y objetividad. Costa Rica ha planteado  insistentemente la propuesta de establecer un protocolo uniforme, predecible y transparente para la remisión de casos a la Corte. En este sentido, Costa Rica celebra que Francia haya rescatado la propuesta del Grupo Small Five, del cual Costa Rica fue parte, la cual busca que los Miembros Permanentes del Consejo suscriban un Código de Conducta donde se comprometan a no usar el veto en caso de atrocidades masivas.

Adicionalmente, mi delegación hace un llamado para que en futuras remisiones, el Consejo de Seguridad no incorpore excepciones a la jurisdicción que pueden violentar el principio de igualdad ante la ley y poner en riesgo su credibilidad y la de la Corte. Estas resoluciones  deben establecer, así mismo, la obligación de cooperar para todos los Estados Miembros de la ONU. Otro tema crucial  es el financiamiento de las remisiones a la Corte Penal por parte de las Naciones Unidas.

Debido a que  la Carta responsabiliza del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales  al Consejo de Seguridad, al asumir esas remisiones, la Corte está ayudando a dicho órgano a cumplir con su mandato. Para estos casos de cooperación, debe aplicarse el artículo 13 del Acuerdo entre la Corte y las Naciones Unidas, que prevé el aporte económico de la ONU.

Señor Presidente

Este y otros temas claves, como la notificación por adelantado de los casos en que funcionarios de las Naciones Unidas sostendrán contactos considerados esenciales con sujetos con órdenes de captura de la Corte,  y el estado de las ratificaciones a las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión, entre otros, son asuntos contemplados en el informe presentado por el Presidente de la Corte. Como tales, y dada su actualidad, su mención en la resolución que estamos adoptando era no solo procedente, sino que especialmente relevante.

Sin embargo, no fue posible ni siquiera realizar un verdadero proceso de negociación.

Costa Rica lamenta sinceramente que el día de hoy estemos adoptando, una vez más, una resolución que no responde  a los compromisos emanados del acuerdo de cooperación entre la ONU y la Corte, y que, más grave aún,  no  responde a las necesidades de la justicia penal internacional, un objetivo que es del interés de todos los miembros de las Naciones Unidas, partes y no partes del Estatuto de Roma.

Confiamos que en la próxima sesión el manejo de las negociaciones permita una verdadera y fructífera  discusión.

 Gracias, señor Presidente.