Señor Presidente,
Costa Rica agradece el informe y el documento puestos en conocimiento de esta Comisión en el tema 66 de la agenda y las presentaciones de esta mañana sobre el tema.
Nuestro país cuenta con una normativa jurídica que ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas. Destacamos, además del Convenio 169 de la OIT, del que somos Estado Parte, el artículo 76 de la Constitución Política que establece la obligación del Estado de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales y la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento que ha procurado hacer efectivos esos derechos. También hemos apoyado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde su desarrollo y adopción.
Existe, además, una importante jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en temas tan diversos como el derecho a la tierra y la propiedad comunal, el acceso al agua potable y el derecho a la salud, por ejemplo. Igualmente, la Defensoría de los Habitantes, institución nacional de derechos humanos independiente, ha realizado un importante trabajo en la materia, desde la Dirección de Protección Especial.
Reconocemos, sin embargo, que la existencia de un marco jurídico y de adecuada jurisprudencia no son suficientes para la debida protección de los derechos de las comunidades indígenas, si no están acompañados por políticas y acciones estatales que velen por su cumplimiento efectivo.
Desde hace años estamos comprometidos con tal cumplimiento. Sin embargo, a partir de las visitas del Relator Anaya a nuestro país, en abril de 2011 y marzo de 2012, se ha desarrollado desde el Poder Ejecutivo un proceso más intenso de atención al tema de los derechos de los pueblos indígenas.
A partir de enero de 2013 se instauró una Mesa de Diálogo entre varios representantes de los pueblos indígenas, especialmente del sur de Costa Rica, y representantes del Gobierno, liderados por la Presidencia de la República y bajo la coordinación del Ministro de Bienestar Social. Este mecanismo cuenta con la representación de otras altas autoridades del país, como el Ministro de Cultura, el Viceministro de Seguridad, la Viceministra de Planificación y el Viceministro de Educación. La Mesa se reúne mensualmente y busca la efectiva implementación de las obligaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, es acompañada, como observadores y garantes del proceso, por el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes.
Este mecanismo de diálogo surgió a partir de las inquietudes generadas a raíz del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, parte del cual se desarrollaría en una zona indígena, y del seguimiento dado por el Relator a las mismas. Pero el proceso y sus implicaciones trascienden en mucho al proyecto. Se busca establecer una fórmula para normar el derecho a la consulta previa que, como tal, aún no está reglamentado en Costa Rica; para lo que ya se realizaron varias jornadas de discusión con funcionarios públicos y dirigentes indígenas y se presentaron experiencias internacionales y nacionales sobre el tema. También se han abordado, por acuerdo de las partes, aspectos más estructurales para resolver dificultades históricas en la materia. Actualmente se trabaja en un instrumento jurídico para que este importante avance de la Mesa de Diálogo quede instaurado permanentemente y se le dé continuidad a futuro.
Dos temas planteados por el Relator en el Informe sobre su visita a Costa Rica se han incorporado en la agenda de diálogo y se realizan esfuerzos concretos para abordarlos desde el Gobierno.
Uno de ellos es la recuperación de tierras. Se está trabajando en un proyecto piloto para delimitar y amojonar el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas; proyecto que se extenderá a partir de enero al resto de los territorios indígenas. Igualmente, durante el 2012, se recuperaron 21 fincas en territorios indígenas por parte del Instituto de Desarrollo Rural, y en el 2013 se han tramitado decretos referentes a los límites de los territorios de la Reserva Indígena Matambú, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y el Territorio Indígena de Zapatón. Además, el Gobierno ha venido apoyando las gestiones de los indígenas por proteger sus tierras contra invasiones, incluyendo el aumento del patrullaje por parte del Ministerio de Seguridad Pública en los territorios en que se han presentado incidentes de violencia.
En concordancia con otro de los puntos señalados por el Relator Especial, se ha acordado, en el marco de la Mesa de Diálogo, que el Gobierno revise el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, con el fin de contar con un criterio formado institucionalmente al respecto. Para realizar esta tarea se ha designado un equipo de análisis interinstitucional que ha formulado valiosas observaciones al proyecto.
Señor Presidente,
La voluntad política del gobierno en responder de la mejor forma a los derechos de los pueblos indígenas se ha reflejado también en el establecido una Comisión de Ministros que semanalmente da seguimiento al tema indígena y define líneas de avance desde el Poder Ejecutivo.
Dentro de este marco, el Ministerio de Educación trabajó en una importante reforma a la educación indígena, que culminó con la publicación, el pasado 15 de julio, de un decreto que reconoce como lenguas maternas de los pueblos indígenas de Costa Rica al Cabécar, Bribri, Ngöbe, Buglé, Maleku, Teribe y Boruca. La normativa busca que, en dónde sea posible, los niños y niñas de los territorios indígenas aprendan a leer y escribir en su idioma materno, además de garantizárseles que lleguen a dominar el español como idioma oficial. Nos proponemos desarrollar progresivamente programas educativos bilingües. Además, se establece el derecho de todos los estudiantes indígenas a que en los programas educativos se integren los conocimientos locales propios de su cultura, cosmovisión, organización política y económica. Finalmente, se establece que las escuelas en territorios indígenas deben contar con maestros y administradores indígenas y que para realizar cambios en el sistema educativo indígena los pueblos deben ser consultados.
El Ministerio de Planificación, por su parte, está trabajando en proceso de facilitación de un Plan de Desarrollo para los territorios indígenas, que está siendo construido de manera participativa por parte de la población indígena.
Adicionalmente, se está trabajando en la elaboración de una Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, liderado por la Cancillería, dentro de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos.
Señor Presidente,
Con ocasión de la última presentación del Relator a esta Asamblea, realizada esta mañana, el gobierno de Costa Rica desea hacer patente su agradecimiento al señor Anaya por sus valiosos aportes para la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto en nuestro país, como alrededor del mundo. Consideramos que los métodos de trabajo utilizados en sus visitas a nuestro país y sus recomendaciones dieron resultados positivos que fueron cruciales para establecer el marco de diálogo en el que se realizan hoy los esfuerzos gubernamentales en esta materia.
Costa Rica coincide con la recomendación del informe A/68/317 para que se preste mayor atención a la falta de cooperación con los Relatores Especiales y otros titulares de mandatos e instan a todos los Estados a realizar una invitación abierta a todos los Procedimientos Especiales de derechos humanos, tal y como la hemos realizado ya en nuestro país desde hace varios años. Muchas gracias.