Señor Presidente,

Hace un año con la histórica adopción de la Agenda 2030 ratificamos el vínculo crucial

entre el desarrollo y el desarme. Hacemos un llamado a sumar mayores esfuerzos a fin

de examinar de manera integral el complejo régimen del armamento convencional, que

nos permita en definitiva tomar acciones concretas para llegar al Objetivo 16.4 y

alcanzar reducciones significativas en el tráfico ilícito de las armas, lo que contribuirá a

disminuir la violencia armada en favor de sociedades en paz e inclusivas para el

desarrollo sostenible.

El próximo diciembre se cumplirán dos años de la entrada en vigor del Tratado sobre el

Comercio de Armas y en la pasada Segunda Conferencia de Estados Parte,

acordamos importantes decisiones en cuanto a su estructura institucional que nos

permitirá materializar sus objetivos y tener un impacto real en la vida de las personas.

Sin embargo, seguimos observando muchos y muy serios actos que violan el objetivo

de este Tratado; violaciones que lamentablemente experimenta en carne propia la

población civil en Medio Oriente y África. En nuestra propia subregión vivimos la

dolorosa realidad de sociedades afectadas por la violencia armada y vulnerables ante

el tráfico ilícito de este tipo de armas, especialmente las pequeñas y ligeras, así como

sus municiones.

Para quienes ya somos Estados Parte, el gran reto que tenemos por delante radica en

la implementación efectiva del Tratado, y debo manifestar que el Estado costarricense

está haciendo su tarea. Es imprescindible intensificar las sinergias entre el ATT y otros

instrumentos complementarios, como el Programa de Acción, así como el adoptar

instrumentos jurídicamente vinculantes para combatir la comercialización, el marcaje y

la intermediación ilícita. Es necesario además, trabajar para desarrollar estándares de

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gestión de arsenales robustos y obligatorios, con el fin de hacer frente a los niveles

excesivos en la producción de armamentos.

En esa línea, Costa Rica, gracias a la cooperación y asistencia del proyecto Unión

Europea-BAFA, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y

el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y el Centro de Ginebra para el

Control Democrático de las Fuerzas Armadas, trabaja en la gestión efectiva y

transparente del uso de armas pequeñas y municiones en el sector de la seguridad

privada. De igual manera, iniciaremos el próximo año un proyecto que pretende

aumentar las capacidades nacionales para la reducción del desvío de armas pequeñas

y ligeras, sus municiones, partes y componentes a través de los envíos postales.

Señor Presidente,

Acogemos el resultado de la Sexta Reunión Bienal de los Estados para examinar la

ejecución del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de

armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Aun cuando el tráfico ilícito de estas

armas, su acumulación excesiva y proliferación incontrolada persiste, alimentando la

violencia armada y el terrorismo en muchas partes del mundo, con importantes

consecuencias humanitarias y socioeconómicas; celebramos las medidas adoptadas

en el documento final que contribuirán en la ejecución del Programa de Acción

conforme a la consecución de los ODS.

Costa Rica espera que la Quinta Conferencia de Examen de la Convención sobre

Ciertas Armas Convencionales aborde las preocupaciones éticas, jurídicas y técnicas

que se han planteado desde el 2013 con respecto a los sistemas de armas autónomas

letales, que son en nuestro criterio, contrarios al derecho internacional humanitario y el

derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, abogaremos para que en la

próxima Conferencia de Examen se convoque a un grupo de composición abierta de

expertos gubernamentales que pueda identificar los elementos necesarios para

avanzar en una convención internacional que prohiba este tipo de nuevas tecnologías

de armas convencionales.

También consideramos que es el momento de ir más allá de simples palabras y tomar

acciones sobre el uso de drones armados fuera de áreas con hostilidades activas.

Coincidimos con las preocupaciones expresadas días atrás por representantes de la

sociedad civil, en relación a que el uso de aviones no tripulados armados a menudo se

ha caracterizado por una falta de transparencia, rendición de cuentas y reparación para

las víctimas, erosionando el control democrático y el escrutinio internacional del uso de

la fuerza.

En ese sentido, apoyamos el inicio ya de un debate mucho más amplio en torno a

consideraciones sobre el impacto humanitario de los drones armados, entre ellas los

derechos humanos, el derecho internacional humanitario, así como las normas morales

y éticas, sobre la base del estudio del 2015 realizado por la Oficina de Asuntos de

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Desarme de la ONU, así como los esfuerzos y recomendaciones que el Consejo de

Derechos Humanos.

Señor Presidente,

Costa Rica destaca el papel de la sociedad civil en materia de armas convencionales.

Celebramos sus contribuciones al señalar los problemas, buscar soluciones y llamar la

atención de los Estados para atender tantos los viejos como los nuevos retos que

enfrenta la comunidad internacional.

Al finalizar esta alocución, quisiera enfatizar que nos corresponde a los Estados

Miembros sumar voluntades e iniciativas que nos permitan responder a estos desafíos

que enfrenta la comunidad internacional y, en especial, la población civil. Cuente con

el compromiso de Costa Rica para avanzar sobre estos objetivos.

Muchas gracias.