Nueva York, marzo de 2015._ La Ministra del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Ana Aminta Madrid, reafirmó en las Naciones Unidas el compromiso del Gobierno de Honduras en contribuir para lograr la dignidad, igualdad, empoderamiento, los derechos y la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, con énfasis en aquellas que habitan en el área urbano marginal, la mujer indígena y la afro hondureña. La funcionaria y su comitiva participan en el 59 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que se desarrolla del 9 al 20 de marzo con la presencia de representantes de los Estados Miembros, entidades de la ONU y organizaciones no gubernamentales de todas las regiones del mundo.

La Comisión se reúne este año con el fin de examinar los progresos observados en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 20 años después de su adopción en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. El examen abordará asimismo las oportunidades y retos en cuanto a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de cara a la agenda de desarrollo post 2015.

En su disertación, la Ministra del INAM recalcó que Honduras está invirtiendo grandes esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres a la educación, a empleo digno, a posiciones de poder en la vida pública, así como la adopción y puesta en práctica de leyes, políticas y medidas para evitar, sancionar y erradicar la violencia dentro y fuera de la familia.

“Honduras desea aprovechar esta oportunidad en que se cumple el vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, para llevar a cabo una revisión y evaluación de la aplicación de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción y reafirmar su plena vigencia para la realización de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, expreso Madrid, ofreciendo luego un recuento de los avances alcanzados a nivel del marco normativo nacional, mediante la formulación de políticas públicas que favorecen a la mujer y la nina hondurena, tales como el Plan de Nación 2010-2022 y Visión de País, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, el II Plan de Igualdad y Equidad de Género, el Plan Nacional de prevención de la Violencia, la Política Nacional de Derechos Humanos, la Política de Juventud, la Política de Protección Social, la Ley Especial de VIH y SIDA, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo de Adolescentes.

Al mismo tiempo, reconoció que la persistente desigualdad amenaza los derechos humanos de este sector poblacional, recordando que la pobreza extrema se halla principalmente en la zona rural, donde un 58.7% de la población es extremadamente pobre, en tanto que las desigualdades están estrechamente vinculadas con las realidades económicas, sociales y ambientales, ante lo cual es preciso fortalecer la institucionalidad mediante estrategias diferenciadas, con el apoyo de cooperación internacional y las alianzas mundiales, regionales y subregionales.

Mencionó que desde el INAM se ha avanzado en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales especializados a todos los niveles del Estado, en la dotación de presupuestos y en la implementación de una estrategia de transversalización de género en las políticas públicas sectoriales e intersectoriales.

“Mediante una concertación con el poder legislativo estamos actualizando la legislación nacional de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres”, indicó. “Junto a la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía y el Poder Judicial, trabajamos incansablemente por facilitar el acceso de las mujeres a una justicia con enfoque de género”, añadió, al tiempo de ratificar la vigencia de los compromisos del Consenso de Quito de 2007, de Brasilia de 2010, de Santo Domingo de 2013, y el Consenso de Montevideo de 2012.

“Todo ello explica por qué en el nuevo contexto de desarrollo sostenible, es crucial que coloquemos en el centro a las mujeres, niñas y jóvenes marginadas y vulnerables. Las prioridades del Gobierno y El Plan de Todos para una Vida Mejor en su programa social, enfoca la atención a 800 mil familias rurales principalmente familias con jefatura femenina. Estamos convencidos que la aplicación plena y efectiva de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción es esencial para el logro de las asignaturas pendientes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y hacer frente a los desafíos críticos a través de un enfoque transformador y global en el post 2015”, concluyó.