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Pronto hará diez años
que en Ruanda se producía una tragedia en la que perecerían cerca de
un millón de personas, víctimas de un exterminio sistemático. El
siglo XX, que entonces tocaba a su fin, revivía nuevamente el horror
del asesinato de masas, el intento de erradicar un grupo humano por
sus orígenes o creencias. ¿Hicimos entonces todo lo posible por
evitar esa tragedia y hemos aprendido la lección? Frente a un drama
de tal magnitud, tenemos más que nunca un deber de verdad y de acción.
La historia de Ruanda
está salpicada de duros trances. Ante la subida de la tensión a
comienzos de la década de los noventa, nuestro país privilegió el
proceso de reconciliación de los Acuerdos de Arusha. Pero la
violencia prevaleció. A falta de una voluntad colectiva, la comunidad
internacional no pudo llegar a un acuerdo para implementar una
diplomacia preventiva eficaz y solo se dio cuenta tarde de la gravedad
de la situación. Y cuando tendría que haber demostrado determinación,
se mostró vacilante, rechazando el compromiso necesario. Frente al
estancamiento político y la aceleración de los acontecimientos en el
terreno, Francia optó por la intervención humanitaria. Lanzó
entonces la operación Turquesa que, de acuerdo con el mandato del
Consejo de Seguridad, duró dos meses, y en la que participaron varios
países africanos, permitiendo de esta manera salvar miles de vidas
humanas.
Desde que terminó la
crisis en Ruanda, Francia ha trabajado para arrojar luz sobre los
acontecimientos, especialmente con la misión parlamentaria de
información presidida por el Sr. Quilès. Este trabajo de verdad,
ilustrado por la multiplicación de las reflexiones y los testimonios,
debe mantenerse vivo.
Más allá de esto,
para evitar nuevos dramas, tenemos un deber de acción que ocupa un
lugar central en nuestra diplomacia, preocupada por anticipar mejor y
prevenir las crisis. Es lo que, desde hace diez años, nos ha llevado
a volver a comprometernos fuertemente en África.
La primera exigencia
es, evidentemente, la prevención. Hay que trabajar sobre todos los
factores susceptibles de alimentar las crisis, a la cabeza de los
cuales figuran las nuevas lacras que constituyen los niños soldado,
la explotación ilegal de los recursos naturales, los desplazamientos
de poblaciones o el tráfico de armas. Sepamos identificar los signos
precursores, movilizar los medios necesarios para hacer que la fiebre
baje y actuar sobre las causas más profundas.
De manera que tenemos
que reforzar los instrumentos de alerta precoz. Francia propone, por
ejemplo, establecer dentro del marco de las Naciones Unidas, un cuerpo
de observadores de los Derechos Humanos e incrementar los medios del
Alto Comisionado de Ginebra. También respalda los esfuerzos que hace
la Unión Africana para dotarse de un mecanismo de prevención de los
conflictos.
Al menor síntoma, hay
que saber tomar las medidas necesarias para atajar el mecanismo de
violencia. Son demasiados los precedentes trágicos, como Ruanda,
Bosnia o Kosovo, que nos recuerdan que, frente a violaciones graves de
los Derechos Humanos que constituyen amenazas para la paz y la
seguridad internacionales, hay que intervenir sin demora. Pero, para
ser eficaz, la acción colectiva debe ser plenamente legítima: así
que hay que actuar respetando el derecho y con el aval de la comunidad
internacional.
Por último, recordemos
que el rechazo de la impunidad comenzó a imponerse con el
establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Esta
exigencia de justicia es uno de los fundamentos de todo proceso de paz
duradero. También es un arma de disuasión frente a los crímenes más
graves. Este es el espíritu con el que Francia se ha comprometido en
favor de la Corte Penal Internacional.
La segunda exigencia es
la de reunir a todos los actores y recurrir a todos los instrumentos
útiles. Y es que las amenazas se conjugan: terrorismo y proliferación,
conflictos armados y crimen organizado, desigualdades de desarrollo e
identidades heridas. De manera que hay que tratar los problemas desde
la raíz y, para ello, establecer estrategias globales. Solo con un
compromiso colectivo se podrá alcanzar una respuesta eficaz en
condiciones de indiscutible legitimidad. Las Naciones Unidas son
absolutamente necesarias para prevenir y solucionar los conflictos.
Pero, hoy por hoy, igual de necesaria es la movilización regional. Así
es especialmente en África, donde la Comunidad de los Estados de África
Oriental y la de los Estados de África Central, trabajan por
solucionar las crisis en Costa de Marfil y en la República
Centroafricana. La Unión Europea también ha sabido desarrollar en
Bunia una operación militar autónoma. En la región de los Grandes
Lagos, la estabilización supone una acción en el conjunto de los países
en cuestión (Ruanda, Burundi o el Congo) y la celebración de una
conferencia internacional.
De estos principios
alimentados por la experiencia se desprende un método de gestión de
las crisis. En primer lugar, de lo que se trata es de hacer que
prevalezca el diálogo político en el que participen todas las
partes. En la mayoría de los casos, esto supone un alto el fuego
completo y previo. Después viene el momento de la conciliación en
torno a un gobierno de transición encargado de preservar la unidad
nacional. A partir de ahí se puede emprender la preparación de las
elecciones que legitimarán al nuevo poder. Para confortar el proceso
político, podría ser necesario desplegar una fuerza internacional
bajo un mandato de las Naciones Unidas, que garantice el alto el fuego,
proteja a las poblaciones y prepare el regreso de la administración.
Así, los objetivos perseguidos en Costa de Marfil con el dispositivo
Licorne, o en el Congo con la operación Artemis, estaban claros:
evitar un desastre humanitario, restablecer la integridad del
territorio y de la soberanía nacional y consolidar un proceso político
que desembocase en elecciones democráticas. Esta es la acción que guía
actualmente a la comunidad internacional para anclar la paz, la
democracia y el desarrollo en Haití.
La tercera exigencia,
una vez repuesta la paz, es garantizar a largo plazo un compromiso de
la comunidad internacional para asegurar la vuelta de la estabilidad.
Eso supone que los principales donantes de fondos se movilicen en
torno a prioridades claras: consolidación de las instituciones públicas,
restablecimiento de la paz civil, restauración de los servicios públicos
esenciales, ayuda a las poblaciones refugiadas o desplazadas,
reinserción de los rebeldes y preparación de elecciones.
¿Hay que llegar en
algunos casos más lejos y plantear que la comunidad internacional
asuma plena y directamente la gestión de la crisis? Se han presentado
varias propuestas: por ejemplo, ¿por qué no transformar el antiguo
Consejo de tutela de las Naciones Unidas en un "Consejo de Paz y
de Apoyo a la Reconstrucción"?
¿Cómo no sentir a la
vez vértigo y humildad ante la fragilidad y las incertidumbres de
nuestro mundo? Pero tenemos la responsabilidad de actuar. De ahí la
urgencia de concertarnos sobre principios y reglas comunes. De ahí la
exigencia de movilización colectiva, cada día, al servicio de la paz,
el diálogo y la reconciliación./.
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